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Amnistía ve "inédito" que Garzón pueda acabar en el banquillo
La nieta de Negrín dice que los jueces del caso juraron fidelidad a Franco
NATALIA JUNQUERA / AGENCIAS - Madrid - 13/02/2010

Amnistía Internacional (AI) no da crédito a lo que está ocurriendo con el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por sus actuaciones respecto a los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Giulia Tamayo, responsable de Investigación y Políticas de la ONG, aseguró ayer a Servimedia que esta situación es "paradójica" e "inédita a nivel mundial" y que si el juez tuviera que sentarse en el banquillo y abandonar su puesto "sintetizaría el extremo desprecio a los derechos de las víctimas".

Tamayo también subrayó que Amnistía está dispuesta a declarar en defensa de la actuación del juez. AI considera "sorprendente" que "quien está a punto de ser sentado en el banquillo sea quien cumplió con su deber de investigar conforme a la legalidad internacional y que se opongan aquellos que han estado negándose a cumplir con ese deber".

Carmen Negrín, nieta del último jefe de Gobierno de la Segunda República, Juan Negrín, se sumó ayer desde la estupefacción a la repulsa por la situación del magistrado, y pidió ser escuchada por el Supremo. Ese tribunal rechazó estudiar las pruebas que ella presentó para pedir la recusación de los magistrados del alto tribunal.

En su opinión, los jueces que llevan el caso de Garzón no puden ser imparciales, ya que "juraron fidelidad al caudillo y a los ideales del movimiento". Por eso, Negrín ha vuelto a pedir esta semana que estos jueces, incluido el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, sean apartados del proceso. "Una cosa así nunca hubiera pasado en Alemania, porque allí, para empezar, nadie hubiera permitido que existiera una formación como Falange Española de las JONS", declaró a EL PAÍS. "El problema de Garzón es que es demasiado eficaz y eso no ha gustado a la derecha [en referencia al caso de corrupción Gürtel]", zanjó.

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Los fiscales progresistas salen también en defensa de Garzón

"Criminalizar la discrepancia jurídica" por "querellas palmariamente sospechosas pone en peligro la función jurisdiccional y la independencia judicial". Es la opinión de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que, al igual que el miércoles hizo Jueces para la Democracia, ayer mostró "su solidaridad y apoyo" a Baltasar Garzón.

Los fiscales progresistas explican en un comunicado que la investigación de los crímenes del franquismo realizada por el juez de la Audiencia Nacional, "y su consideración como crímenes contra la humanidad, resulta completamente ajustada a la legalidad nacional e internacional". Ese criterio fue también mantenido por tres magistrados de la Sala de lo Penal dela Audiencia Nacional en un voto particular.

Por eso la actuación de Garzón, al abrir la primera causa penal para investigarlos, "de ningún modo puede considerarse jurídicamente infundada o arbitraria", única circunstancia en la que puede cometerse el tipo de prevaricación de la que acusan al juez el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad, también de corteultraderechista, y Falange Española de las JONS. Este delito está penado con hasta 20 años de inhabilitación.

Trayectoria profesional

"La trayectoria profesional de este magistrado no se hace acreedora de ser acusado y sentado en el banquillo por iniciativa de organizaciones relacionadas con la derecha más extrema del país, herederas directas de algunas de las implicadas en los crímenes investigados", señala la UPF, asociación que presentó la querella por la que Garzón investigó los crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina.

Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, negó ayer poder concebir que los procedimientos abiertos en el Tribunal Supremo contra el juez Garzón sean fruto de una conspiración. "Yo no puedo admitir, lo rechazo absolutamente, que ningún magistrado del Tribunal Supremo esté en una conspiración", aseveró a Telecinco.

Señaló que la causa abierta por Garzón de los crímenes franquistas es "una cuestión jurídica opinable" que tendrá que resolverse jurídicamente